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EL PERÚ Y LA OCDE

El Perú es uno de los primeros países de Latinoamérica en comprometerse con el “Programa País” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En nuestra región, sólo México y Chile forman parte de esta organización; Colombia está en proceso de adherirse, y el Perú formalizó su relación con la OCDE con la suscripción del Programa País a finales del 2014.  

En el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se realizó el 8 de diciembre de 2014, el Secretario General de la OCDE y el Presidente de Perú pusieron en marcha el Programa, basados en cinco áreas claves para el Perú: crecimiento económico; gobernanza pública; lucha contra la corrupción y la transparencia; capital humano y la productividad; y el medio ambiente.

El 14 de octubre de 2016, el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, y el Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, participaron en el Foro Perú-OCDE en donde se discutieron los principales resultados del "Programa País: 2015-2016", incluyendo los reportes elaborados por la OCDE, entre ellos, el relativo al Estudio sobre la Política Regulatoria de Perú ("Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulotory Quality") (Ver documento) 

Este Estudio evalúa las herramientas utilizadas por el Estado peruano, en sus tres niveles de gobierno, para el diseño e implementación de decisiones regulatorias, incluyendo la evaluación de herramientas como la evaluación ex ante y ex post de las regulaciones, políticas de simplificación administrativa, políticas de inspecciones y enforcement y las prácticas de consulta pública. 

De manera específica, el capítulo 7 del Estudio contiene la evaluación de la gobernanza de los reguladores económicos –incluido OSITRAN-, así como las recomendaciones vinculadas, entre otros aspectos, a mejoras en materia de transparencia, rendición de cuentas, relacionamiento con stakeholders y el uso de la herramienta de la evaluación de impacto regulatorio (ex ante y ex post), la misma que, en recomendación de la OCDE, debe ser independiente del sistema de impacto regulatorio que establezca el gobierno central. Asimismo, el reporte recomienda que los reguladores deben establecer sus normativas para asegurar y evaluar la calidad de sus propias evaluaciones de impacto. 

 
 


 

 

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